sábado, 9 de diciembre de 2017

Cómo evitar las consecuencias del CLIENTELISMO POLITICO?


Las noticias revelan espeluznantes datos sobre la corrupción que ha consumido al anterior gobierno, cifras que superan la imaginación más tenebrosa de cualquier miembro de oposición o ciudadano y dentro de este enfermizo universo, encontramos flotando –a ratos desorientado- al Presidente de la República, que acaba su mandato casi casi forzando el cierre sobre la última hora, defendiendo a sus posibles sucesores –herederos de la revolución ciudadana- que se debaten entre los cuestionamientos de diverso orden por parte de la opinión pública.
Manejar el discurso por ejemplo, que el dinero recibido en calidad de coimas, no afecta al Estado, solamente puede decirnos que la corrupción es campante y que al Ex - Presidente ni siquiera le interesa disimular o, por el contrario, que al primer ciudadano no se le ha dado clases elementales de administración pública y por eso contribuye con sus declaraciones a semejante despropósito.
El gobierno correísta que tristemente nos dejo, ha tenido –hasta su fin- una gran capacidad de manejar el enorme capital social que acumuló a través del bombardeo mediático permanente sobre los ciudadanos que confiaron en él, cansados de treinta años de exclusión y la participación dominante de los partidos tradicionales con el subsecuente clientelismo político, en pocas palabras, el periodo mesiánico de diez años es una consecuencia y no la causa –como muchos erróneamente sostienen- del cansancio del pueblo.  Ya con Lucio pudimos ver que se fermentaba el descontento contra los partidos, con el voto de castigo que luego se convirtió en otra desilusión, pues Gutiérrez siguió la suerte de su antecesor, contra quien contribuyó en el forzamiento del abandono de la silla de Carondelet.
Como ganarle la batalla a este fenómeno es una excelente pregunta, pues ahora mismo nos encontramos con un nuevo presidente, donde muchos cifran sus esperanzas, porque hay que reconocer un hecho, EL CAPITAL SOCIAL DE RAFAEL CORREA FUE MUY GRANDE, y ahora ya ni gravitante.
Y con este trajín, observamos a muchos posicionándose del lado de Moreno, generalmente a través de agrupaciones más o menos organizadas, procurando obtener para después, el tan esperado intercambio que les conceda sus demandas, el que por ahora demuestra claros continuismos. Pongámosle el nombre que le corresponde.- CLIENTELISMO POLITICO.
Una definición aproximada sería intercambio de favores, de regalías post proselitistas, gratitud emergente corresponsal, entre el nuevo patrón que asciende al Poder y los clientes o gobernados, que asociados esperan recibir –por sus votos y sus aportes- el cumplimiento de ofertas, cuotas de poder, incluso revancha frente a los salientes. (Claramente atacados por corrupción) El grave peligro de este “cuasicontrato’ –al margen de la Ley y que no necesariamente significa ilegal- es que en una sociedad volátil como la nuestra y con el fantasma de la ingobernabilidad resurgiendo, rápidamente podría degenerar en mas corrupción si se realiza o deserción si no se lo hace.
Y por qué hago énfasis en esto. El modelo de gobierno que implemento Rafael Correa vio en la discrecionalidad y reversibilidad del esquema normativo ecuatoriano la gran oportunidad de dar cambios de timón acordes a las necesidades del momento, del partido y finalmente del hombre que se ciñe la banda presidencial, por tanto, sacrificar la Constitución y las Leyes no ha sido jamás una preocupación para este ex - gobernante y estos sacrificios de la seguridad jurídica le han valido – si no ha participado en el atraco- niveles de corrupción históricos con posibles condenas a altos miembros de su gobierno, proporcionales a su ascenso. En medio de todo esto, hay algo cierto, el capital social de Correa fue inmenso durante casi todo su gobierno; esto le permitió irse alejando del modelo democrático hasta convertirlo en una dictadura populista refrendada por votación popular, lo que le hacía parecer legítimo a los ojos de la mayoría.
El primer paso importante es retornar sobre el cumplimiento de la Ley, sin escatimar en el rigor de esta cuando se trate de cumplir ofertas de campaña por una parte y por otra; no entrar en el juego del clientelismo que siempre es excluyente y generador de rencores que se acumulan.
Precisamente esta característica de tal conducta clientelar es la que más le ha pesado a los partidos tradicionales o Partidocracia -de nuevo, a la usanza de la semántica correísta-. Si bien el clientelismo no es sinónimo de corrupción, tampoco se diferencia mucho de ella y es por ello que el pueblo, que no distingue uno de otro, no ve con buenos ojos esta práctica, que existe incluso en democracias más solventes y maduras que la nuestra y se ha adaptado a las circunstancias de cada época.
A la gente no le importa si las leyes son más duras con unos que con otros, que se desarticularan los medios de comunicación, la falta de fiscalización de la Asamblea Nacional; no saben qué hace ni para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que función tiene el Contralor, por que llevaba un mismo individuo doce años en el cargo y recién hasta ahora han revelado las cifras tan escandalosas de corrupción solo en algunas entidades estatales; nunca cuestionan que el Fiscal General haya tenido nexos con el gobierno antes de su selección, ni siquiera que siendo autoridad de control sea también pariente del ex - Presidente; cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura y por qué sus miembros formaron parte del poder ejecutivo antes de ingresar al judicial; a la gran mayoría le bastaba que los servicios de salud eran de más fácil acceso, las carreteras ampliadas y funcionales, las grandes inauguraciones de proyectos hidroeléctricos y todas esas maravillosas apariencias que daban cuenta de un país floreciente y lejano a la crisis que ya se empezaba a notar en Venezuela.  El capital social de Correa fue el resultante de la suma de todos los excluidos en el juego clientelar de la vieja política, el residuo de una repartición desequilibrada de favores entre los grupos de poder que lo controlaban todo y los ciudadanos que no significaban nada, sino hasta la próxima elección.  En este juego donde hemos perdido diez años en manos del populismo, todos tenemos responsabilidad por acción u omisión.
E posible que no sea necesaria la reclamación de espacios sino más bien, que ocurra el convite espontáneo del ejecutivo, por encontrar en diferentes agrupación un referente moral motivo de celebración, en medio de tantos cheques en blanco que vuelan en las propuestas de los candidatos en este momento.

Cardenisa.

viernes, 8 de diciembre de 2017

“QUE OPINA SOBRE LA INCLUSIÓN DE DELITO DE TRAFICO DE DROGAS EN EL ESTATUTO DE ROMA”


Tomando en cuenta que el Preámbulo del Estatuto de Roma señala que los crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, de los cuales han sido víctimas niños, mujeres y hombres y de la necesidad urgente de castigar esta amenaza que pesa sobre todos, impidiendo la impunidad de quienes los cometen y que siempre se tratará de prevenir nuevos crímenes, considero que una de las posturas más adecuadas es la INCLUSION del delito de tráfico ilegal de drogas en el antes referido Estatuto, a fin de que sea pesquisable por las cortes internacionales pues en todos los casos, los carteles de droga evaden fácilmente –a través de la corrupción de los sistemas de justicia internos de las naciones- lo que no solamente permite que prosperen estos delitos, sino que sean precursores de otros igualmente graves.
El consumo de drogas es un azote que afecta a las personas cada vez a  menor edad, constituyéndose además en un problema de salud pública a la que los Estados dedican gran parte de sus recursos, tanto en la prevención como en el tratamiento de las adicciones.
Quienes se dedican a la actividad de tráfico de drogas no solamente amenazan de este modo a las sociedades, sino que también hacen de este ilícito, un medio adecuado para adentrarse en los gobiernos, sistemas de administración de justicia y fuerza pública, fomentan la corrupción que es una forma de retrasar el progreso de los pueblos y en el cruce de agresiones entre bandas de crimen organizado, el asesinato de miles de víctimas, haciendo del terror, una forma de imponerse a la sociedad civil.
En el artículo 7, numeral 1 letra k) del Estatuto de Roma se incluye la expresión “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. lo que bien puede dar cabida a la inclusión del tráfico de drogas, entre los delitos perseguibles por la Corte Penal Internacional.
Pese a que históricamente el delito de narcotráfico si fue considerado para su inclusión en el catálogo de delitos a consideración de la Corte Penal Internacional, por la época, no se consideraba como un mal que pudiera provocar grave daño a los Estados, marginándolo de esa forma del Estatuto de Roma, sin embargo, con la progresión y el crecimiento del mismo y por la incapacidad de detener la influencia creciente en los regímenes legales internos, existe interés por parte de algunos países –concretamente Trinidad y Tobago- de que sea considerada la creación de un Tribunal especializado en delitos relativos al tráfico ilegal de drogas.
No obstante este interés, el concepto de “crímenes más graves “no fue entendido de manera uniforme por las delegaciones que intervinieron en el proyecto, por lo que eventualmente quedaron fuera del Estatuto el terrorismo y tráfico ilegal de drogas.
De llegarse a un consenso y por tanto a la inclusión de este tipo penal, permitirá la admisibilidad acorde a los principios generales del Derecho Penal como aquel “nullum crimen, nulla pena sine lege” por lo que su inclusión en el Estatuto debe ser taxativa, no interpretativa.
Así también el tratamiento de la  “intencionalidad” (artículo 30) es decir, la conciencia del presunto autor de los efectos de la perpetración del delito, en relación con la conducta como en las consecuencias de la misma sobre la humanidad. Otro aspecto importante será el procedimiento a seguir en estos delitos, especialmente sobre cómo tratar a los actores encausados sin invadir la acción jurisdiccional interna de los Estados parte de la Corte Penal Internacional.
En el Ecuador es evidente el avance del narcotráfico –ya no solamente se considera como país de tránsito, sino además, productor de drogas- además de la infestación que ha sufrido la administración de justicia y las esferas políticas –un secreto a voces- me atrevo a ir un poco lejos: En mi apreciación, el establecimiento de “tablas” y la legalización del consumo son la demostración de la polución provocada por el dinero proveniente de esta actividad ilícita en la política. Esto impide que quienes procuran frenar el consumo tengan resultados óptimos, porque se ven limitados en la persecución del crimen.
¿Por qué considerar el tráfico ilegal de drogas como crimen de lesa humanidad?
Un delito de lesa humanidad es aquel que implica dos presupuestos: La comisión de un ataque generalizado o sistemático contra la población y conocimiento de dicho ataque. Además, afecta bienes jurídicos protegidos como la vida, la integridad personal y la libertad.
Un ataque generalizado significa que exista multiplicidad de víctimas y que los actos inhumanos se cometan en forma sistemática quiere decir que son realizados como parte de un plan preconcebido, excluyéndose el azar. 
El tráfico ilegal de drogas es un ataque generalizado y sistemático que afecta la integridad de las personas, un problema de salud pública que no conoce fronteras y sus perpetradores, tampoco.
El consumo de drogas es un problema de salud y seguridad públicas, la delincuencia se organiza para este propósito, patrocina campañas políticas, toca los cimientos mismos del Estado, es fácil evadir la acción de la justicia cuando eres dueño de los votos de quienes elaboran las Leyes, tramitan procesos y finalmente, las fuerzas llamadas a dar seguridad a la población. 
Considero que el país no tiene la suficiencia operativa sin perjuicio de la falta de voluntad política para controlar este fenómeno, especialmente porque la corrupción a la que ha llegado nuestro sistema nos hace ver como normal cualquier conducta contraria a la Ley.
Aparte del problema político, está la incapacidad de los operadores de justicia, fiscalía y las cortes, en concluir con éxito los procesos penales en contra de autores de crímenes de tráfico, apenas se juzga a los vendedores al menudo, los verdaderos delincuentes gozan de protección, en detrimento de los ciudadanos.
Una acción de la Corte Penal Internacional puede beneficiar a que los carteles que comercian supra frontera, sean juzgados fuera de los límites de las jurisdicciones locales, habida cuenta que no prosperan internamente los procesos judiciales y que estos criminales no se detienen en las fronteras para dedicarse a su actividad delictiva.


Cardenisa

martes, 5 de diciembre de 2017

PARTICIPACION CIUDADANA


Entre las múltiples innovaciones de la Constituyente de Montecristi está el famoso QUINTO PODER, traducido en pocas líneas, FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL.
Dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que el primer fiscalizador y mandante es el propio ciudadano, organizado colectivamente o si lo prefiere, en solitario.  Pareciera que estamos ante el perfeccionamiento del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, el ciudadano elevado por encima de la Ley, el equilibrio del Poder y sus manifestaciones –muchas veces usurpadoras- frente al hombre que no ejerce sus derechos porque no los conoce, ni entiende como esquivar a los que ostentan el poder.
¿En la práctica esto es real?
El antecedente de esta Carta Magna no fue prometedor; ya se produjo el primer asalto cuando la Asamblea Constitucional votada en el año 1997 se autonombró Constituyente ya en funciones, dominada entonces por el Frente Radical Alfarista y Partido Socialcristiano que contaban con 40 votos sobre los 70 espacios reservados para estos “ilustres”.
¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? Claro que sí.  Pero para el ciudadano común quizá no signifique mucho, lo que se convierte en una trampa donde fácilmente cae, como ha ocurrido desde entonces, por no ir muy atrás.
El Poder Constituyente puede ser originario -Constituyente que puede crear o modificar, con la única limitación de los derechos humanos y los principios del Constitucionalismo- o también derivado -Constitucional que puede modificar, con sujeción a limitaciones de orden constitucional o legal-. Así, el pueblo ha echado suertes dos veces en pocos años, cambiando de un esquema Programático, remisor a la Ley, por otro Orgánico donde –al menos en apariencia- se aplican los derechos fundamentales, aparentemente esto solucionaba todo, era el santo grial de las acciones constitucionales, así se podía hacer reivindicar cualquier derecho conculcado, incluso si fuera anterior a la expedición de la Constitución de la República.
Esta Constitución se asemejaba al Arca de Noé, parecía la salvación de quienes se subieran en ella sin pertenecer a ninguna tienda política, sonaba como una reinvención de la sociedad, el mundo retomaba colores para los pobres, etc.
Ahora comprendo eso que decía un autor colombiano alguna vez: “Quien conoce la historia, busca repetirla, acorde a sus intereses, hoy corrijo, porque creo que lo que está pasando es que quien no conoce la historia se ve obligado a repetirla”  Sucede que en su país también eligieron a asambleístas constitucionales que se auto ungieron de constituyentes, con una votación inferior a los congresistas a quienes cesaron abusivamente, todo esto en 1990 con el compromiso del presidente Gaviria de que se harían reformas a la de 1886 y no como ocurrió finalmente, que se creó una completamente nueva, lo que no había sido consultado al pueblo colombiano, que ni lo habrá notado, como acá el nuestro.
Pero bueno, si hilamos tan fino no terminaremos de tejer nunca. Como todo lo que trae sonido generalmente esconde un cascabel, vino la estafa: La Función de Participación Ciudadana y Control Social y este régimen se lo puso al ecuatoriano sin dudarlo.
Creando la figura del Consejo de Participación Ciudadana, organismo pluripersonal que designa todas las autoridades de Control y Transparencia, sometida la Asamblea se volvió insaciable el poder ejecutivo, así el gobierno –liberado de toda limitación- se dirigía sin remedio al fracaso, arrastrando cualquier buen propósito -de haberlos tenido- y las malas ejecuciones dilapidando los recursos públicos, mientras el Fiscal no fiscaliza, el Contralor no revisa cuentas, la Corte Constitucional sin bandera y un apetito político desmedido y como esto no era suficiente, ante la ninguna fiscalización de la Asamblea, faltaba asestarle el golpe de gracia a la única institución que podía ejercer control de legalidad: La Función Judicial, la herramienta: de nuevo, el Consejo de Participación Ciudadana, el medio? El Consejo de la Judicatura, órgano administrativo que ahora es el vasallo del ejecutivo y el verdugo de los jueces.
Implementando un sistema de gestión procesal inocuo que no ha resuelto nada - lo que es un producto razonable considerando que proviene de estos genios de biblioteca sin ninguna experiencia en sitio - la unificación del banco de elegibles, sacaron a los jueces de su plaza natural, dispersándolos como se hace con las Fuerzas Armadas o la policía Nacional moviéndoles de reparto, previniendo cualquier posibilidad de asociación, cesando a los jueces con experiencia con cualquier cargo para luego designar a jueces sin experiencia, ni siquiera la edad suficiente para administrar justicia, con la consigna de ceder a sus requerimientos, de ahí una jueza que aceptó una acción de protección sin pies ni cabeza, propuesta por un ilegitimo pues las acciones de protección no pueden interponerse por los órganos de poder –como ocurrió con el ex presidente de la República- señal indiscutible que todo gira en torno a la voluntad de uno solo.  ¿Qué clase de democracia es esa?
Y es que la deslealtad que ha tenido este sistema para con los propósitos que le fueron confiados es total.
El Consejo actual no fue elegido por votación popular, lo que limita su legitimidad a un nivel prácticamente nulo. Sus poderes son casi omnímodos, gozan de fuero de Corte Nacional y solamente con juicio político se los puede destituir y para eso se requiere de activar todo un mecanismo parlamentario que en estos momentos, dominado como se encuentra por el partido que gobierna, les hace casi intocables.
¿Pueden alcanzar legitimidad en algún momento? Definitivamente, no. Hay demasiado poder en manos de unos pocos que además, no pueden ser interpelados con facilidad.
Siendo el derecho de participación una forma de aproximación al Poder que se ha reservado para terceros, no es en realidad un medio de defensa del ciudadano común, al menos, no a partir de las actuales reglas del juego.
¿Una recomendación? El retorno a los tres poderes clásicos: EJECUTIVO LEGISLATIVO Y JUDICIAL.  Transparencia debe estar representada por los órganos contralor, fiscalizador, defensor del pueblo y defensor público, elegidos por votación popular, en escrutinio permanente y con reglas de juego que no entrañen trampas ni recovecos, especialmente las que resultan menos detectables y que son siempre, las más peligrosas.
En resumen, la función de participación tiene un socio en la guerra que libra este momento cada ciudadano, un voto a la vez.

Cardenisa

LA MONA LISA DE AUSTRIA

Para entender qué fue lo que ocurrió en la mente de Schoenberg cuando decidió llevar a juicio al gobierno austriaco, sentí la necesida...